Para el establecimiento de un pago por servicios ambientales que sea efectivo e incentive el uso sostenible de los recursos naturales es necesario que se establezcan sistemas adecuados de valoración de los ecosistemas y de las actividades que se realizan. En numerosasa ocasiones se considera el lucro cesante en la valoración de los ecosistemas como medida más adecuada de valoración, aunque en muchas ocasiones sería necesario considerar los beneficios económicos que se generan por el mantenimiento de los recursos.
En países como Costa Rica, el marco regulatorio en el que se establece el Pago por servicios ambientales lleva vigente desde 1997. En su reforma de la Ley Forestal, permitía a los propietarios forestales recibir pagos por usos específicos del suelo que generaran beneficios ambientales. En este país, el 11% de su territorio se encuentra en la actualidad financiado con Pago por Servicios Ambientales. De esta manera los propietarios forestales reciben pagos por conservar los bosques, y estos pagos se realizan con cargo a los impuestos recaudados por carburantes o por el cánon de agua. En Centroamérica y Sudamérica existen otros ejemplos que vienen funcionando desde finales de los noventa. En países como Mexico se incentiva la renuncia de los propietarios forestales a la extracción de la madera para la conservación de la mariposa monarca. En Colombia un 6% de la tasa hidroeléctrica se emplea para la conservación de las áreas protegidas en los distintos municipios. En EEUU se analizaron distintas opciones de suministro de agua a la ciudad de Nueva York optando por establecer un mecanismos de protección de las montañas de Catstill, que abastecen a la ciudad de agua dulce y que mediante la compra de parte de los terrenos y servidumbres de conservación y pago por servicios ambientales a los propietarios forestales, para abandonar determinadas explotaciones o modificar sus sistemas de explotación, han logrado un notable ahorro en las infaestructuras que habían de ejecutar para mejorar la calidad del agua , con la consiguiente mejora medioambiental.
De las experiencias analizadas en otros países se deduce que este pago por la conservación y creación de servicios ambientales es una línea existosa para evitar la degradación de la naturaleza, que debería de ser regularizada e incentivada desde los gobiernos.
En España la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece un marco regulatorio de los Pagos por Servicios Ambientales, si bien no se encuentran en la actualidad ejemplos dastacables de la aplicación de esta herramienta de protección. ¿Cuándo se comenzará a aplicar de manera eficiente y con ejemplos de éxito este mecanismo en España?
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