La Real Decreto 1336/2011 establece una regulación de los contratos territoriales, contemplados en la ley 45/2007 como instrumentos para el desarrollo rural. En esta ley se contemplaba la figura de “Contratos territoriales de zona rural” como herramienta para incentivar el desarrollo rural sostenible.
En el Real Decreto que regula la aplicación de esta Ley, aparece una figura nueva, extendiendo la figura de “Contrato territorial de la zona rural” a “Contrato territorial” de manera que se incluyen una serie de aspectos en las características de estos contratos, antes no contempladas.
El objetivo de estos contratos es orientar las actividades agrarias desde un punto de vista multifuncional, de manera que se retribuyan e incentiven las actividades rurales en beneficio del desarrollo rural sostenible. Son contratos de carácter voluntario, en los que además de orientar las explotaciones agrarias para favorecer el desarrollo rural, se consideran las externalidades generadas que repercutan favorablemente a este desarrollo. Entre las finalidades específicas se encuentran la conservación y restauración de la calidad ambiental, suelo, agua, patrimonio natural y la biodiversidad.
Los contratos se suscriben entre las Comunidades Autónomas y los propietarios rurales por plazos que vienen determinados en cada caso por las necesidades específicas para la obtención de los objetivos del contrato.
En estos contratos territoriales se establecen unas contraprestaciones a los compromisos por parte de los propietarios rurales que incluyen la compensación de los efectos negativos sobre la economía de la explotación de que se trate, y una componente de esta contraprestación se basa en la remuneración de las externalidades positivas generadas para contribuir a mejorar el desarrollo sostenible rural, entre ellas, las externalidades referidas a la mejora y conservación ambiental de las que os venimos hablando en este blog.
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